Acuerdo de colaboración interinstitucional para la procuración y administración de Justicia para las mujeres del Estado de Querétaro.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE CELEBRAN EL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL MTRO. JORGE HERRERA
SOLORIO, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA; Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, REPRESENTADA POR EL LIC. ARSENIO DURÁN BECERRA, PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. SUSCRITO EN LA CIUDADA DE SANTIAGO DE QUERÉTARO,
QRO., A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ACUERDOS:
A N T E C E D E N T E S:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, párrafo primero, tutela el
derecho fundamental de igualdad del varón y la mujer ante la ley, instituyendo las bases para que el
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de su competencia constitucional, expida
ordenamientos generales que garanticen la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, siendo éste el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
2. El Estado Mexicano, como sujeto del Derecho Internacional, ha suscrito y ratificado diversos tratados para
garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, a su igualdad jurídica ante el varón, así
como a la eliminación de la violencia y de todas las formas de discriminación contra la mujer; entre los
cuales se encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém Do Pará); la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; la Convención
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la Convención Interamericana
sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; la Convención Internacional para la Represión de la
Trata de Mujeres y Menores; la Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres
Mayores de Edad; el Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y
Niños; el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad; la Convención sobre la
Nacionalidad de la Mujer Casada; el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Palermo) y el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
3. Bajo esta tesitura, el Poder Ejecutivo Federal incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
como una de sus estrategias dentro del Eje Rector 1 relativo a “Estado de Derecho y Seguridad”, el
compromiso para “Combatir y Sancionar con mayor severidad la violencia de género”, misma que forma
parte del Objetivo 5 relativo a “Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva”.
Por su parte, el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, incluyó como objetivo sectorial el
compromiso de “Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de
nuestra sociedad”, estableciendo como una de sus estrategias el “Fomentar la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, de la cual se derivó como una de sus líneas de
acción la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.
Es así, que como parte de las políticas públicas adoptadas por el Gobierno Federal para disminuir la
violencia social contra las mujeres, se creó el Centro Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), para coordinar las acciones encaminadas a la prevención y promoción de
igualdad de género, así como facilitar el establecimiento de mecanismos que garanticen el respeto a los
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