Convenio que establece las bases de colaboración y coordinación interinstitucional para la operación del Centro de Justicia para las Mujeres.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
CONVENIO QUE ESTABLECE LAS BASES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, REPRESENTADA POR EL
LIC. JORGE LÓPEZ PORTILLO TOSTADO, SECRETARIO DE GOBIERNO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJER, REPRESENTADO POR LA LIC. IRMA MARÍA DE LOURDES
ALCÁNTARA DE LA TORRE, DIRECTORA GENERAL; LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADA POR EL LIC. ARSENIO DURÁN BECERRA, PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR LA LIC. MARÍA
EUGENIA BUENO ZÚÑIGA, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DIF, CON LA PARTICIPACIÓN
DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, REPRESENTADA POR LA LIC.
GUADALUPE PATRICIA CABRERA OROZCO, EN SU CARÁCTER DE PROCURADORA DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y DE LA FAMILIA; LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, REPRESENTADA POR EL
CAP. ADOLFO VEGA MONTOTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA; LA SECRETARÍA DE
SALUD, REPRESENTADA POR EL DR. MARIO CÉSAR GARCÍA FEREGRINO, SECRETARIO DE SALUD,
CON LA PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO
POR EL DR. JORGE RAFAEL ESPINOSA BECERRA EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL; LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, REPRESENTADA POR EL DR. FERNANDO DE LA ISLA HERRERA,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA
EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ), REPRESENTADA POR EL LIC. JOSÉ
JAIME CESAR ESCOBEDO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL; Y, LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO, REPRESENTADA POR EL LIC. JUAN GORRÁEZ ENRILE, SECRETARIO
DEL TRABAJO.- CONVENIO QUE SE CELEBRA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
A N T E C E D E N T E S:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, párrafo primero, tutela el
derecho fundamental de igualdad del varón y la mujer ante la ley, instituyendo las bases para que el
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de su competencia constitucional, expida
ordenamientos generales que garanticen la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, siendo éste el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
2. El Estado Mexicano, como sujeto del Derecho Internacional, ha suscrito y ratificado diversos instrumentos
que buscan garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, a su igualdad jurídica ante el
varón, así como a la eliminación de la violencia y de todas las formas de discriminación contra la mujer;
entre los cuales se encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém Do Pará); la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; la Convención
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la Convención Interamericana
sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; la Convención Internacional para la Represión de la
Trata de Mujeres y Menores; la Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres
Mayores de Edad; el Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y
Niños; el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad; la Convención sobre la
Nacionalidad de la Mujer Casada; el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Palermo) y el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
3. Bajo esta tesitura, el Poder Ejecutivo Federal incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
como una de sus estrategias dentro del Eje Rector 1 relativo a “Estado de Derecho y Seguridad”, el
compromiso para “Combatir y Sancionar con mayor severidad la violencia de género”, misma que forma
parte del Objetivo 5 relativo a “Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva”.
Por su parte, el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, incluyó como objetivo sectorial el
compromiso de “Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de
nuestra sociedad”, estableciendo como una de sus estrategias el “Fomentar la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, de la cual se derivó como una de sus líneas de
acción la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.
Es así, que como parte de las políticas públicas adoptadas por el Gobierno Federal para disminuir la
violencia social contra las mujeres, se creó el Centro Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), para coordinar las acciones encaminadas a la prevención y promoción de
igualdad de género, así como facilitar el establecimiento de mecanismos que garanticen el respeto a los
derechos humanos y fomenten la participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil
organizada. Entre las principales atribuciones del CONAVIM, se encuentran la formulación de bases de
coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres; facultándolo para celebrar convenios que permitan la
asignación de subsidios a las Entidades Federativas, con la finalidad de que construyan o remodelen
inmuebles destinados a la creación de Centros de Justicia para las Mujeres.
4. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en ejercicio de su competencia constitucional,
ha hecho lo propio expidiendo los ordenamientos legales siguientes: Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece las bases conforme a las cuales los órganos e
instituciones públicas del Gobierno del Estado de Querétaro prestarán sus servicios en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, velando por la protección
de sus derechos humanos; la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Querétaro, cuyo objetivo es garantizar la tutela y respeto de los derechos fundamentales de
niñas, niños y adolescentes; la Ley para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con
Discapacidad del Estado de Querétaro, que establece bases para la plena inclusión de las personas con
discapacidad a la vida familiar y social, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades, a mejorar su nivel
de vida y a facilitarles el acceso a los bienes y servicios a que tienen derecho, en igualdad de
oportunidades; la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Querétaro, para propiciar la
participación de la sociedad civil organizada en la solución de problemas comunitarios; y, la Ley del
Sistema de Asistencia Social del Estado de Querétaro, que establece las bases y procedimientos del
Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Querétaro.
A la normatividad anterior, se agrega el Reglamento de Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, así como el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
5. Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro dentro del “Plan Querétaro 2010-2015,
Soluciones Cercanas a la Gente”, instituyó como uno de sus cinco ejes rectores el “Desarrollo Social y
Humano”, con el compromiso de apoyar el desarrollo de las personas, las familias y los diversos grupos
sociales para que éstos desplieguen plenamente sus potencialidades a fin de lograr una vida satisfactoria
y productiva.
Por lo que corresponde a las mujeres, el Plan Estatal les reconoció el carácter de grupo prioritario,
estableciendo como objetivos la generación de políticas públicas, presupuestos, programas y acciones
destinados a la promoción de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, para facilitar
su plena incorporación en todos los ámbitos del desarrollo.
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