Convenio de colaboración y coordinación interinstitucional para la prestación de servicios a mujeres víctimas de violencia, usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Querétaro, que celebran la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Pág. 6762 PERIÓDICO OFICIAL 5 de julio de 2013
PODER EJECUTIVO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS
MUJERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LO SUCESIVO LA “SPF”,
REPRESENTADA POR EL ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS Y COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LO SUCESIVO LA “PGJ”, REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL LIC. ARSENIO DURÁN BECERRA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA
PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO REPRESENTADO POR LA LIC. ANA LUISA
SÁNCHEZ AGUILAR EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL; A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
A N T E C E D E N T E S:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, párrafo primero, tutela
el derecho fundamental de igualdad del varón y la mujer ante la ley, instituyendo las bases para que el
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de su competencia constitucional, expida
ordenamientos generales que garanticen la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, siendo éste el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
2. El Estado Mexicano, como sujeto de Derecho Internacional, ha suscrito y ratificado diversos
instrumentos que buscan garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, a su igualdad
jurídica ante el varón, así como a la eliminación de la violencia y de todas las formas de discriminación
contra la mujer; entre los cuales se encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará); la Convención sobre los Derechos Políticos de
la Mujer; la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; la Convención
Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores; la Convención Internacional Relativa
a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad; el Protocolo que Modifica el Convenio para la
Represión de la Trata de Mujeres y Niños; el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres
Mayores de Edad; la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada; el Protocolo de las
Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños (Palermo) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
3. El Poder Ejecutivo Federal, durante la Administración Pública 2006-2012, incorporó en el Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012, como una de sus estrategias dentro del Eje Rector 1 relativo a “Estado de
Derecho y Seguridad”, el compromiso para “Combatir y Sancionar con mayor severidad la violencia de
género”, misma que forma parte del Objetivo 5 relativo a “Combatir la impunidad para disminuir los
niveles de incidencia delictiva”.
En el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 se incluyó como objetivo sectorial el compromiso
de “Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra
sociedad”, estableciendo como una de sus estrategias el “Fomentar la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres”, de la cual se derivó como una de sus líneas de acción
la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres.
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